En exclusiva con El Comercio, el ministro Luis Miguel Castilla explica las implicancias del plan de reactivación del gobierno
Para el titular del MEF, nuestro país pasa por una fase coyuntural de menor crecimiento que se revertiría a partir del siguiente semestre. Si bien cree que hay un escenario auspicioso para los próximos dos años, considera que hacia adelante el desempeño de la economía dependerá de nuestras fortalezas. Por eso la necesidad, afirma, de avanzar con reformas que nos lleven hacia un Estado moderno.
Ministro, se ha criticado que el plan de reactivación ha demorado en salir. ¿Qué responde a eso?
No es que nos hayamos demorado. Hace un año, cuando conversamos en una entrevista anterior, la economía crecía a un ritmo de 6% y ya entonces se comenzó a ver cómo agilizar todos los procesos que se han embalsado por décadas durante las que no se ha modernizado el Estado.
Pero hace meses que ya teníamos indicadores de que la economía se enfriaba.
El plan es parte de un proceso que comenzó hace más de año y medio y que va a continuar. Si uno estudia la naturaleza de las medidas, verá que no están dirigidas hacia la demanda, sino a la oferta. A la oferta ya la atendimos incrementando el impulso fiscal. Más allá no podemos ir, por eso tenemos que agilizar la ejecución de las obras. El Estado se está modernizando, más fácil sería caer en [dar] aumentos de sueldos, bonificaciones, pero esto no resolvería el problema de fondo. Estamos haciendo una reforma continua.
¿Es decir, que el paquete del 2013 y el del miércoles último no están aislados?
Por supuesto, no es que seamos reactivos. Estamos seguros de que la reactivación de la economía se va a dar por los proyectos mineros y las concesiones. Pero tenemos que ser conscientes de que el mundo ha cambiado, que ahora el viento está en contra, tenemos que ser más productivos, eficientes, reducir costos. Hacia eso van los cambios, sin menoscabar la regulación.
¿Qué resultados han dado los paquetes anteriores?
El equipo de seguimiento a la inversión que funciona en el Ministerio de Economía ha tenido intervenciones en una cartera de más de US$35.000 millones, son casi 80 proyectos grandes y medianos. Hasta la fecha una tercera parte se ha destrabado.
¿Como cuáles?
No puedo dar nombres y apellidos, pero si hay inauguraciones no es por obra del espíritu santo. Además, hemos institucionalizado el seguimiento y monitoreo en el MEF y se ha creado una dirección de promoción de la inversión privada. Eso ayudó a la recuperación de la confianza, aunque ahora estemos en una meseta y una ligera caída, pero también hay que ver que hemos tenido un shock externo muy fuerte con la caída del precio del cobre y la salida de más de US$60.000 millones de la región. Tenemos que realizar cambios estructurales para sostener el crecimiento potencial de 6% por los próximos 10 o 20 años.
Usted ha dicho que estas medidas van a tener efectos en dos o tres años y que en el corto plazo se quiere transmitir confianza al sector privado. ¿Puede hacer una autocrítica con respecto a la mala comunicación sobre lo que se trabaja?
Creo que reconocer que pasaron algunas medidas que no funcionaron y revertirlas es una señal de humildad. Si la soberbia se impone, entonces no hay capacidad de enmienda. Estamos preocupados por el ciudadano y su bienestar, pero no queremos alcanzar esto con medidas cortoplacistas, sino con normas que sienten las bases para un desarrollo sostenible y mayor. Es difícil saber bien qué es lo que imprime desconfianza, si es el entorno internacional, si son las noticias políticas, si son los costos que afectan a las empresas. Yo creo que es un poco de todo, pero tenemos que abordar lo que está bajo nuestro control. Esto implica apostar por temas y decisiones que tienen un costo, porque hay quienes ganan y quienes pierden. La idea es que sean muchos más los que ganan que los que pierdan. Tenemos que hacer un trabajo mancomunado: el Estado trabajando de la mano del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y, en democracia, dirimir nuestras diferencias. Una vez que se entienda la integridad de todo lo que estamos haciendo, los resultados van a hablar por sí solos.
Veamos el plan. Uno de los aspectos más polémicos ha sido la reducción de deudas tributarias de 180.000 contribuyentes. Si bien usted ha dicho que no es condonación, esto va a sentar un mal precedente.
Tengo que aclarar el contexto. Una condonación se produce cuando se perdonan el capital, los intereses moratorios y las multas. Lo que ha pasado es que en el período 1998-2005 se produjo la capitalización de las deudas tributarias y eso originó que se diera una explosión de estas. Hoy en día ya no se usa la capitalización de los intereses de la deuda tributaria. No obstante existe un remanente. Lo que estamos haciendo es que sea factible el cobro de la deuda y esto coadyuva a que las empresas que puedan calificar [al beneficio] sinceren su deuda tributaria. Esto les puede permitir, quizá, acceder a financiamiento. Al Estado esto le permite aumentar la probabilidad de cobrar la deuda.
¿Entonces qué monto se cobra?
Capital más intereses, calculados sin capitalización. Una cosa importante de aclarar es que las personas naturales o jurídicas que tengan procesos o que hayan recibido sentencias por actos contra la administración pública no califican para este beneficio. La norma tiene candados.
Sin embargo, sí se beneficia a aquellos que no pagaron sus obligaciones, frente a los que sí lo hicieron aun en un sistema que capitalizaba deudas. ¿Esto no es un incentivo perverso?
Lo que pasa es que estamos corrigiendo un tema que se hizo mal en el pasado. El MEF siempre se ha opuesto a las condonaciones.
¿Esta corrección puede implicar que los contribuyentes que sí cancelaron sus obligaciones tributarias capitalizadas pueden reclamar al Estado la devolución de sus aportes?
Las obligaciones que ya fueron canceladas no son el objeto de esta norma y no estarán sujetas a devolución ni compensación.
¿Esto afecta el trabajo de la Sunat para sostener la recaudación?
No afecta. Al contrario, creo que da a la Sunat la probabilidad de sumar algo a la recaudación. El plan también busca dar mayor racionalidad a la regulación que el Estado pone a los ciudadanos y a las empresas en distintos aspectos, no solo el tributario, también el laboral, la ‘tramitología’, el aspecto ambiental. Además, busca inyectar confianza a los agentes que sufren con expectativas planas y sin el optimismo de hace unos meses.
Menciona racionalidad en temas como la ‘tramitología’. Aquí hay mucho por hacer.
En la medida en que podamos formalizarnos como país, tenemos que generar normatividad que permita crecer y generar riqueza a las empresas, sin que esto sea ‘neteada’ [afectada] con el costo de la formalidad. Esto también tiene que ver con cambios en la ley de tributación municipal que regula las tasas, trámites, licencias y derechos que cobran los gobiernos locales, que muchas veces aplican tasas que rebasan el costo del servicio real que brindan.
Acotar la discrecionalidad de los municipios.
Así es. Estamos tratando de contener estas prácticas más allá de lo que hacen el Indecopi y las instancias tributarias para evitar la sensación de que los gobiernos locales crean tasas o multas para financiarse. Esta es una de las medidas más importantes que estamos dando. Queremos evitar las entidades que hoy se financian con cargo a las multas. La idea no es menoscabar la fiscalización, pero tenemos que cortar este incentivo perverso. Por eso hemos convertido los recursos propios en ordinarios, con el compromiso del MEF de dotar recursos para llevar adelante la fiscalización. También hacemos cambios en la ley de procedimientos del Estado para evitar las demoras, que también generan costos. Hay un fenómeno en el Estado, de expedientes que entran a un proceso circular de observaciones sobre observaciones. Esto es parte de una reingeniería e involucra la eliminación de trámites innecesarios.
¿De qué trámites hablamos?
Los hemos identificado y ya se están eliminando algunos. El número exacto estará en la norma que remitiremos al Congreso. Creo que debemos caminar hacia un texto único ordenado.
Otra iniciativa polémica es la que garantiza los derechos de los concesionarios en áreas protegidas. Esto va a crispar los ánimos.
Tengo que aclarar que es al revés. Es decir, que si ya se otorgó una concesión no se puede quitar ese derecho y declararla área protegida. De necesitarse, se tendrían que replantear las condiciones de la concesión y evaluar si estas han cambiado por algún motivo. Las zonas protegidas se quedan como tales, tenemos una megadiversidad enorme y debemos sentar un crecimiento sostenido y sustentable. Pero también necesitamos llegar a un equilibrio entre actividades que empujen el desarrollo con el cuidado del medio ambiente y en armonía con la sociedad. Lograr el punto de equilibrio es muy difícil, pero tenemos que buscarlo.
"ELIMINAREMOS EL SISTEMA DE PERCEPCIONES Y DETRACCIONES"
¿Qué otras medidas tributarias trae el plan?
Un tema importante es que vamos a suspender la aplicación de los intereses cuando venzan los plazos legales de las apelaciones ante el Tribunal Fiscal. Otro tema es que hace más de 10 años se creó el sistema de retenciones, percepciones y detracciones para facilitar la recaudación tributaria. Así se creó la figura del agente perceptor, que es una empresa que retiene el 2% a cargo del IGV que se le va a cobrar al consumidor final. Pero se elige al agente perceptor con fines recaudatorios sin tomar en cuenta su capacidad y cuánto le cuesta realizar esta labor. Tenemos que ir gradualmente desmantelando este sistema porque no tiene racionalidad económica. Pero no se puede hacer de golpe porque significa una parte importante de la recaudación.
¿En qué plazo, ministro?
El plazo lo vamos a ir estableciendo en la medida en que la Sunat pueda ir cubriendo aquellos nichos que hoy en día no pagan impuestos. Otro aspecto es que hoy la Sunat tiene el concepto del pago de bonos por desempeño con metas relacionadas con la recaudación. Estos incentivos también tienen que estar sujetos a la ampliación de la base [tributaria], la reducción en el número de quejas, entre otros. De tal manera que el comportamiento de los auditores de la Sunat esté alineado y haya equilibrio.
El sistema de detracciones también fue pensado para combatir la informalidad. ¿Cómo queda esto?
Por eso tiene que ser gradual. Estamos racionalizando los sistemas de pago del IGV. En este sentido, tomaremos medidas para que, en el mediano y largo plazo, se vayan desmontando los sistemas que generen demasiadas distorsiones y, en paralelo, perfeccionando los otros.
FUENTE: Diario El Comercio (16.06.2014)
